La libertad de expresión está garantizada en la Constitución Argentina con amplia protección y “tiene un lugar preeminente” porque básicamente sin ella no hay democracia. La libertad de expresión implica la libertad de pensar y por tanto decir lo que se piensa. Sin ello no hay sujetos con libertad política. Cualquier intento de limitarla, es entonces inconstitucional.
¿Esconde un intento de censura encubierto la idea de una llamada ley contra el odio que analiza el gobierno? Si bien el tema está en análisis y aún no existe un proyecto escrito, en el gobierno hay antecedentes de iniciativas similares que no prosperaron. Pero fue el propio presidente de la nación quien, en su cadena nacional por el ataque a Cristina Fernandez, antes de que existiera evidencia alguna, conectó con el hecho lo que llamó “discursos de odio”, mediáticos, políticos y judiciales.
De más está decir que la crítica al poder es parte de la libertad de expresión.
El antecedente de legislaciones de este tipo no lleva a precedentes alentadores. En la primera aplicación de su ley contra el odio, el régimen de Nicolas Maduro envió a prisión a dos venezolanos por protestar por la falta de comida. Los ciudadanos juzgados en ese momento fueron acusados por “obstaculizar la vía pública”, “detentar sustancias incendiarias” en una protesta y por el entonces novedoso delito de “instigación al odio”, que limita básicamente el derecho a la libertad de expresión y al disenso. La pena puede ir de 10 a 20 años de prisión y la legislación tuvo hasta ahora como principales apuntados a periodistas y detractores del regimen. Las sanciones que impone son prisión o multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.
¿Qué diferencia a Venezuela de Argentina en este sentido? Que su poder judicial está dominado por el poder ejecutivo. En nuestro país, en cambio, cualquier iniciativa que implicara un avance contra la libertad de expresión, bajo el pretexto o disfraz que fuera, chocaría contra la jurisprudencia y sería frenada por la Corte Suprema que incluso acaba de extender a Internet la garantía y el resguardo de los derechos de libertad de expresión en su fallo por el caso Google-Natalia De Negri, “ante cualquier eventual intento de limitarla o regularla”.
Desde que se produjo el ataque contra la vicepresidenta, la línea argumental del gobierno contra lo que llamaron discursos del odio fue homogénea. Hasta se expresó en el breve comunicado tras el acto en plaza de Mayo. Por momentos como si importara más que el esclarecimiento del atentado.
En nuestro país existen limitantes para las calumnias e injurias, pero por la doctrina de la real malicia, personalidades públicas o funcionarios que argumenten una ofensa a su honra deben probar que la información fue dada a sabiendas de su falsedad.
¿En qué avanzó el gobierno en las últimas horas con respecto a una ley contra el odio? Podemos decir que la primera avanzada fue la del relato, la retórica política en la que desde el oficialismo se apuntó a la oposición, los medios y la justicia en conexión con el ataque, y que tuvo expresiones graves como una ilustración de un arma que terminaba en un micrófono en una nota de la agencia Telam. Además, confirmaron desde fuentes del oficialismo que se analiza una iniciativa contra los discursos de odio, aunque sin dar precisiones sobre alcances o criterios. Pero la primera mención oficial con cercanía temática a la cuestión apareció anoche en el comunicado de la liga de gobernadores firmado por trece provincias gobernadas por el peronismo o aliados aunque que no incluyen a Cordoba y Santa Fe.
En ese texto se menciona dos cuestiones que aparecen ligadas. Por un lado, recomiendan al presidente la convocatoria a una Comisión por la Paz y la No violencia integrada por expresiones religiosas y personalidades notables para que elaboren “reglas para la construcción de la cultura del encuentro”. El comunicado no menciona el término “discursos de odio”. Acto seguido vuelve a pedir la reforma de la Corte Suprema de Justicia.
Si entre las sugeridas “reglas para una cultura del encuentro” hay un proyecto embrionario que apunte contra la libertad de expresión no está claro. Lo que sí se repite es la embestida a la Corte Suprema, para cuya reforma el gobierno no tiene números suficientes en el Congreso como tampoco los tendría para avanzar contra la libre expresión y que aún de hacerlo chocaría con la Corte Suprema.
En pocas cosas se destaca tanto como en la protección del derecho fundamental de la libertad de expresión, la importancia de un poder judicial independiente.
Hoy la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti negó que se analice una legislación contra el odio, aunque admitió que hay sectores del kirchnerismo que sí la propician
Sería penoso y preocupante que, ante un hecho grave, como lo es ni más ni menos que un intento de magnicidio, el gobierno sólo busque utilizarlo para avanzar contra la prensa libre o la libre expresión de sus ciudadanos.
Lamentablemente ya existe un antecedente en el llamado Nodio, un Observatorio en el ámbito del Congreso, que se propuso entre sus fines el análisis de lo que llamó “noticias maliciosas ya emitidas”. Recordemos que toda instancia oficial de este tipo deriva un contexto de control y censura encubierta.
Hoy, a la preocupación por una nueva avanzada contra la prensa, se sumó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta quien directamente acusó al kirchnerismo de estar tras la búsqueda de una “ley mordaza” por su iniciativa de limitar los supuestos discursos del odio. Para Larreta, intentan “controlar la libertad de expresión”.
Si realmente se persigue propiciar el diálogo y el encuentro, el propio gobierno no ha dado señales de ello ya desde la mismísima cadena nacional del presidente, donde el llamado a la unidad luego del ataque a Cristina Fernandez, se vio opacado por una velada acusación a quienes simplemente piensan distinto pero que, de ninguna manera por eso, empuñaron un arma. Deberían preocuparse por explicar las graves fallas de seguridad que permitieron el atentado antes que acusar falsamente a quienes simplemente ejercen su derecho de expresarse en libertad como se los garantiza la Constitución.
