No es una opción cumplir la ley. Y menos, para un gobierno. Por un lado, los fallos de la Corte suprema son inapelables. Por otro, si el que desobedece o meramente sugiere hacerlo es el propio gobierno, hace crujir la certeza en todo el sistema jurídico. Si el Poder Ejecutivo se pone al borde de un alzamiento todo queda en duda, y el Ejecutivo con un pie en la ilegalidad.
Esas aguas desconocidas empezamos a transitar en estas horas, aunque hay que analizar los hechos jurídicos por un lado y las declaraciones altisonantes por otro.
Cuando se conoció el fallo que le devolvía a la ciudad lo quitado por el gobierno nacional en una maniobra que redireccionó millones de las arcas porteñas a la provincia de Buenos Aires en forma arbitraria, le preguntamos al jefe de gobierno que pasaría si el gobierno nacional incumplía. Horacio Rodriguez Larreta, a esa hora no lo consideraba ni como una posibilidad.
El misterio iba a develarse en sólo horas y él mismo anticipaba por qué.
Ayer por la tarde, en la Ciudad, los ojos estaban puestos en los depósitos entrantes desde el Banco Nación, porque la orden de la Corte era de cumplimiento inmediato y efectivo. Cuando a la hora señalada no había movimientos, en Uspallata no tuvieron duda. Están incumpliendo el fallo, afirmaron. A esta misma hora la ciudad anuncia que primero notificará a la Corte del incumplimiento, y que pedirá embargo de cuentas del estado. También denunciarán por sedición a los funcionarios responsables, incluyendo al presidente de la nación.
El panorama que se abre es tan complicado para los funcionarios que no cumplan, que todos se ponen a un tris del delito. No sólo el presidente. Está toda la línea del Banco Nación, eventualmente Afip y también la primera plana política.
Los funcionarios que fueron notificados personalmente con la sentencia y por tanto pueden ser también sujetos de acciones como embargos incluso personales, son el ministro del Interior Wado de Pedro y el ministro de Economía Sergio Massa.
Pero para Massa el problema incluso es peor, porque la inseguridad jurídica que gatilla este conflicto puede derivar en problemas de todo tipo que incluyen emisiones de deuda local y extranjera, y toda clase de bonos e instrumentos que con un gobierno bajo sospecha entran en ese cono de dudas de maneras impensadas. Como si la crisis económica fuera poco, incrementan el riesgo país interno y externo. Para dar un ejemplo: si el estado no paga lo que le manda la ley en un caso, los que son sus acreedores en cualquier caso pueden demandar más tasas o hasta pedir que se negocie en otras jurisdicciones.
Es importante retrotraernos a un solo momento de este largo proceso de análisis que en la Corte Suprema llevó más de cinco meses e involucró varias audiencias y a numerosos funcionarios. Entre ellos incluso a la fugaz ministra de economía Silvina Batakis que hoy se sienta en el Banco Nación. A ella tuvieron que repreguntarle los magistrados en plena audiencia cuando se había presentado con sus carpetas. “¿Está segura de lo que dice?”. La funcionaria había sido consultada acerca de si la plata para la policía salía de la distribución primaria, es decir de la Nación o de la secundaria que es la de todas las provincias. Ella contestó que salía del dinero para las provincias cuando en los papeles que había llevado al tribunal aparecía exactamente lo contrario. A tal punto fue inconsistente que hay todo un considerando en el fallo que se dedica a mostrar esta contradicción. Porque precisamente el dinero que se transfirió en el gobierno de Macri a la Ciudad autónoma que en monto exacto encaja con lo que se gastaba para la policía sale de la distribución primaria, es decir de la Nación. No está en juego lo que reciben las provincias. El gobierno usa este argumento falaz para sumar apoyo político a su necesidad electoral. Lo que buscan es asegurar esos millones para un solo gobernador: Axel Kicillof, que ayer descalificó el fallo en durísimos términos, llamándolo, “una inmundicia”
La Corte se mantiene en “un silencio stampa” mientras hace foco más en los actos jurídicos que en la dimensión política. Por un lado, en los pasillos del máximo tribunal, consideran que una recusación a los jueces es inviable porque está fuera de término con lo cual lo más probable es que sea rechazada.
Al mismo tiempo, las fuentes judiciales hacen notar un matiz no menor. El gobierno dice que no acatará el fallo, pero al mismo tiempo anuncian que presentarán dos recursos procesales. El que presenta un recurso está validando el fallo. O sea, acatando. En ese terreno gris entre lo que se vocifera y lo que se hace zigzaguea hoy el gobierno sin importarle provocar un tembladeral.
La Corte, que se mueve según el expediente, actuará sólo en función del expediente. Porque de hecho la Corte ya falló y en el Máximo Tribunal esto es un caso resuelto.
En estas horas, resuenan doblemente las palabras de su presidente en la Asociación de Magistrados. Los fallos no se negocian, había dicho Rosatti.
“La Corte hará lo correcto”, es la respuesta lacónica que surge del Palacio de Tribunales. Las fuentes recuerdan que resolvieron en los recursos del caso Vialidad para que se haga el juicio o en el de Milagros Sala sin titubeos y que eso mismo pasará ahora. Por eso no consideran que esto sea un conflicto de poderes a pesar de que así lo calificó Alberto Fernandez.
“Lo que venga vendrá”, responden sobre un juicio político que es una amenaza recurrente del actual gobierno pero para la que no cuentan con las mayorías especiales necesarias en el Congreso.
En síntesis, el kirchnerismo quiso sacarle dinero a un adversario político, pero no pudo defender su manotazo de caja jurídicamente. Si algo les faltaba luego del record de una vicepresidenta en funciones condenada por corrupta era terminar el año al borde de la sedición.
Cuando la inmensa mayoría del país intentaba pasar de la concordia mundialista a las ternuras de la Navidad, a sólo horas de Nochebuena disparan una crisis institucional que agrava la fragilidad con que ingresan a su último año de gobierno y tiene en vilo a todos. Un verdadero gobierno grinch, que pone en peligro las instituciones para salirse con la suya.
