En estos días, los obstáculos que tiene el gobierno de Javier Milei para abrirle paso a su ley fundacional en el Congreso, ganan protagonismo frente incluso al propio contenido de la ley. La debilidad parlamentaria del gobierno, su reticencia a las negociaciones necesarias en la política, más la resistencia al cambio o la mezquindad política de algunos sectores de la oposición, derivaron en una desgastante primera fase de la normativa en diputados que convirtió a la Ley Ómnibus en una Ley Combi.
Así y todo, siempre en política, el mejor proyecto termina siendo el proyecto posible. Ahora, a pesar del optimismo sobre la votación final, el tratamiento de la legislación no tuvo el timing necesario para llegar antes del día D del 25 de Mayo. A pesar de eso el gobierno insiste en que el acuerdo de Mayo en Córdoba sí se hace.
Es desalentador el escarpado camino de la ley si se piensa que incluye reformas ambiciosas y demoradas como la modernización laboral, y otras iniciativas cuestionadas por algunos como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, pero que según el gobierno apuntalará el despegue de la economía. Los que la critican apuntan a la pérdida de recaudación en nombre de alentar la inversión y a que deberían existir incentivos similares para empresas pymes locales. Los que defienden la normativa hablan de inversiones que están listas para activarse, pero necesitan garantías en un país con tradición de incumplidor.
Lo que por momentos el ruido de la polémica y los desajustes políticos tapan es el tenor reformista de la Ley Bases, con temas que hace tan sólo meses hubieran parecido una utopía. Sólo pensar en lo decadente que aparece ante la sociedad el paro de una CGT esperpéntica que antes daba miedo, marca el signo de los tiempos. Y los tiempos refieren a un cambio social profundo que busca dejar atrás la decadencia incluso al costo de votar una opción outsider como Javier Milei, sin estructura y sin experiencia política que hizo campaña blandiendo una motosierra para cortar los gastos de un estado elefantiásico.
Una avezada dirigente política argentina reflexionó con verba adolescente en estos días: “lo que estaba ya fue todo”. En la simplificación aparece el dilema de este momento del país. Estamos en la transición que lleva a un recambio generacional y de estilo de hacer política. El status quo cruje y quienes quieren mantenerlo por momentos no se dan cuenta que ya prescribió. Pero al mismo tiempo, lo nuevo no tiene forma y abre la incertidumbre. En ese contexto es que el gobierno avanza tambaleante por su debilidad parlamentaria e incluso dispuesto a resignar objetivos que la realidad hace lucir desmesurados. La política, como arte de hacer las cosas posibles siempre termina dando lecciones de humildad. Ni hablar de la economía.
Y es en este marco que se producirá a instancias del gobierno el llamado Pacto de Mayo. En estos días estamos hablando más sobre si se hace o cómo se hace que sobre su contenido. En una mezcla de necesidad política para retomar la iniciativa y la urgencia de ganar tiempo, Javier Milei esbozó para el acuerdo de Mayo diez propuestas de una clase de política que no suele abundar en Argentina a pesar de que muchos políticos prominentes una y otra vez reclaman: las famosas políticas de estado. Me permito enumerarlas con un pequeño comentario.
1-Inviolabilidad de la propiedad privada: algo que figura en la Constitución pero que el kirchnerismo intentó vulnerar de hecho en forma sistemática.
2-Equilibrio fiscal innegociable. Algo que el propio Néstor Kirchner elogiaba al comenzar su presidencia, pero que es el vicio fatal del país.
3-La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25%. Esto es lo que había de gasto público hace veinte años. Todo eso se aumentó el gasto fundamentalmente en el gobierno de Cristina Kirchner.
4-Una reforma tributaria que simplifique la vida de los argentinos. Vivimos asfixiados por impuestos que a veces implican la mitad o más del valor de productos o servicios.
5-Redistribuir la coparticipación federal de impuestos y terminar con el modelo extorsivo actual. Hace treinta años que se adeuda una ley de coparticipación y algunos gobernadores acusarían a este gobierno de continuar la extorsión.
6-Un compromiso de las provincias en avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Es increíble que se tenga que acordar para esto, pero en Argentina no es increíble. Hay una imperdonable morosidad y no pocos tabúes a pesar de las oportunidades que el país puede tener al alcance de la mano en materia de inversiones.
7-Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. El corazón de la hipocresía son los argumentos para el atraso en este sentido que sólo favorece a la casta sindical eterna.
8-Una reforma previsional que le de sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes lo prefieran un sistema privado de jubilación. No tengo dudas que será el tema más complejo y al que le vale la admonición sobre cuánta verdad seremos capaces de soportar, porque el sistema hoy está quebrado y requiere del estado la mitad del dinero que necesita para pagar a los jubilados.
9-Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Este ítem es aún más difícil que el anterior en el contexto político actual.
10-La apertura del comercio internacional. Otra iniciativa que hoy depende de que el país pueda por fin ordenarse y salir a vender sus productos. Imagínense que aún estamos discutiendo cuanto se tardará en salir del cepo. El gobierno dice cerca, otros dudan.
Agregaría el número 11: Convicción, trabajo y voluntad para una verdadera revolución educativa.
Uno podría decir que el lugar para discutir las políticas de estado es el Congreso. Y lo es. Pero ya vemos que no resulta tan lineal esa afirmación y que en todo caso son imprescindibles los acuerdos, que a veces porque no queda otra, se prohíjan en tiempos de crisis, espoleados incluso por la misma crisis.
Pocos recuerdan que hace treinta años exactos, comenzaban las deliberaciones para otro acuerdo mayúsculo de políticas de estado y lo hacía precisamente un 25 de Mayo. Se trataba de la reforma de la Constitución que no sin polémica mediante, por el pacto de Olivos, permitía la reelección pero no indefinida, buscaba atenuar el presidencialismo, aspiraba a una constitución más federal y moderna.
En estos días, en una de las conmemoraciones de aquella reforma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que fue entonces uno de los constituyentes, afirmó: “Más allá de los contenidos y más allá de la interpretación jurisprudencial que se pueda hacer, el gran legado de la reforma de 1994 es el de la búsqueda –y el logro– del consenso” y definió aquel hito como “el último acto de la política grande”. “Antes y después del ‘94 hubo grieta, sin embargo, durante tres meses pudimos poner entre paréntesis las diferencias –que las había, y muchas–, el conflicto, la discordia y la disidencia, y legar a la posteridad un documento que ya lleva 30 años de vigencia ininterrumpida”.
Sería muy penoso, que, existiendo la voluntad de la sociedad de encarar cambios para poner al país de nuevo en una senda de progreso, se pierda la oportunidad política que ofrece el Pacto de Mayo. Lo digo por todos los sectores políticos: que el gobierno no lo convierta en una trinchera de reafirmación, que el peronismo respete a la opción elegida por el pueblo y en vez de hacer un vacío sume voces, que parte de la oposición que siempre avaló las ideas que se esbozan para el Pacto de Mayo no les rehúya ahora porque las presenta otro signo político.
Es absolutamente extraordinaria la síntesis del mandato popular para esta administración, que implica una enorme voluntad de cambio en la sociedad para dejar atrás la decadencia. Ojala todos, pero todos estén a la altura de la oportunidad. Porque la oportunidad es un tren que pasa y no vuelve si no se lo toma.
En un rato, estarán aquí en este estudio tres constituyentes del 94, para mirar hacia ese momento del pasado en pos de iluminar el presente.