“Si el Consejo no es mío no habrá Consejo”, parecía ser la intención de Cristina Kirchner. La Corte Suprema acaba de desarticular su avanzada que buscó lisa y llanamente paralizar el Consejo de la Magistratura, sin titubear en usar al Congreso como una estructura de choque con otro poder, donde en vez de respetar mayorías y deberes, directamente se le declaró una guerra a la independencia judicial. A tal punto que, en su afán de control, a la vicepresidenta no le importó siquiera volar los puentes entre oficialismo y oposición que dejó a su propio gobierno con el riesgo cierto de no conseguir la aprobación de leyes urgentes y por primera vez en democracia malogrando hasta la reelección de la presidenta de la Cámara Baja, que increíblemente se prestó a su maniobra.
En la acordada, -firmada por los doctores Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda con excepción de Lorenzetti-, la Corte Suprema remarca que tiene “el deber constitucional de evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”, “garantizando la seguridad jurídica”. La señora Kirchner buscó siempre usar como una espada personal de castigo y domesticación, un organismo que debe custodiar la probidad de los jueces, que los designa y los echa pero que además es clave en la administración de la justicia toda.
En forma categórica el fallo llega en un momento donde la avanzada de la vicepresidenta había agravado hasta límites inéditos el conflicto de poderes. Cristina Kirchner buscó bloquear las instituciones forzando hasta lo imposible su menguada capacidad de influencia, como quien se abre camino pateando los muebles y rompiendo la cristalería, porque los artilugios, o “ardides” utilizados, como los llamó la Corte, no sólo iban contra el espíritu de una elección popular y sus mayorías establecidas por los votos, sino también contra normas básicas y atribuciones. A Cecilia Moreau la Corte le recordó con este fallo que no es quién para impedir la conformación de un organismo constitucional, sino que, en su rol, simplemente debe asegurarla. Entre la inexplicable cláusula para impedir que se compraran vacunas Pfizer y este recurso tramposo para bloquear al Consejo, la diputada Moreau sólo puede hacer gala de su obediencia debida a Cristina en maniobras manchadas de sospecha.
Pero el timing y la contundencia de esta acordada no pueden desconectarse de otra decisión de la Corte conocida horas antes, en la que el máximo tribunal confirmó la sentencia por asociación ilícita y defraudación al estado contra la líder de la Tupac Amaru, Milagros Sala, sellando así una sentencia por 13 años de prisión. Sí. Asociación ilícita y defraudación al estado. ¿Les suena? Un espejo de las figuras por las que se juzgó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad cuya condena acaba de conocerse hace sólo 10 días.
Lo primero que hay que decir es que la Corte no tuvo ningún problema en ratificar esta figura en un caso de corrupción y lo hizo en el primer expediente de la corrupción k que le toca resolver. El mensaje en varias bandas es atronador. Sólo basta recordar el debate en torno de si aplicar la asociación ilícita en casos de corrupción política y los argumentos en algunos casos increíbles de un sistema donde muchos parecen querer preservar el espacio para las malas prácticas. La Corte confirmó un fallo que va en la línea conceptual del fiscal Diego Luciani. Y si uno compara las causas, en el caso de Salas son unos 21 convenios bajo análisis y en el de Cristina Kirchner son 51 contratos direccionando plata del erario público, más del doble. Para la fiscalía, en términos de asociación ilícita, el caso Vialidad es aún más grave que el caso de Milagros Sala y también está probada la jefatura, punto en que coincidió uno de los jueces del Tribual Oral 2, el dr Basso.
Así, puede decirse sin dudarlo, que acaba de quedar firme una condena por asociación ilícita en un caso de corrupción política e implica en la jurisprudencia un giro histórico que apunta de lleno a cualquier matriz de corrupción pasada, presente o futura. El gobernador de Jujuy Gerardo Morales, refirió que este fallo desarticula la matriz de corrupción k y el estado paralelo instalado en Jujuy. Se queda corto. Esto va más allá del kirchnerismo. Por mucho tiempo la política buscó preservarse de esta figura, que en términos de sentencia es mucho más rigurosa porque implica 10 años de pena, pero además, que ahora penderá sobre cualquier negociado desde la función pública.
En este sentido, Diego Luciani había afirmado: aplicar la figura de asociación ilícita es terminar con la corrupción. La Corte acaba de hacerlo. Aunque no se escuche, tiemblan las columnas del templo de los corruptos.
No sólo la Corte será la instancia final a la que lleguen todas las causas por asociación ilícita, una figura que en el caso de Cristina Kirchner aparece además de en Vialidad, en Caso Cuadernos y en Caso Hotesur. La jurisprudencia tiene carácter de mojón para interpretaciones futuras. Y además hay una cuestión no menor en el momento de esta decisión. El fiscal Luciani ya analiza incluir el fallo de la Corte en su apelación para que se condene a Cristina por asociación ilícita. Ese recurso ante la Cámara de Casación ocurrirá sólo después de que se conozcan los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral 2, en marzo del año que viene. Sin dudas, acaba de empezar otra historia.
